El voto en contra de dos miembros de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta ha salvado de momento el yacimiento de Lancia. Era el asunto -˜caliente-™ del día, pospuesto en la última reunión de esta comisión, al estar de baja el arqueólogo territorial. Lo cierto es que ayer únicamente Jesús Celis, director del Instituto Leonés de Cultura (ILC) y responsable de la parte del yacimiento de Lancia que -˜controla-™ la Diputación, así como el director del Museo de León, Luis Grau, se opusieron a echar tierra a los restos aparecidos en las obras de construcción del trazado de la A-60, la autovía León-Valladolid, tal y como aconsejaba el informe de los técnicos de la empresa vallisoletana Strato que llevaron a cabo las excavaciones en esta zona, donde se encontraron incontables restos de una necrópolis así como edificaciones romanas.
En la larga reunión, en la que se debatió por espacio de dos horas el punto clave del informe de los técnicos -”tapar los restos arqueológicos-” hubo también una abstención: la de María Victoria Herráez, directora del departamento de Historia del Arte de la Universidad de León.
La decisión final. Dado que las decisiones de la Comisión Territorial de Patrimonio deben adoptarse por unanimidad y, como es el caso, cuando hay voces discordantes el asunto pasa a la Comisión de Patrimonio Cultural, que preside el director general de Patrimonio, Enrique Sáiz, la última palabra ahora sobre la conservación de este enclave astur-romano recaerá en Valladolid.
Según algunas fuentes, la Junta hizo innumerables -˜gestiones-™ para que el asunto se dilucidara en León y que, precisamente, no cargara Valladolid con la -˜mala prensa-™ de enterrar el yacimiento.
Celis no quiso hacer ayer ninguna declaración. Este periódico tampoco pudo localizar a Luis Grau. Jesús Courel, jefe del Servicio Territorial de Cultura, aclaró que los miembros de la Comisión Territorial de Patrimonio que han votado en contra -”no dio nombres-” tienen ahora un plazo de 48 horas para presentar por escrito sus razones, que serán remitidas a Valladolid para el dictamen definitivo de un asunto tan polémico que en su momento llevó a la creación de la plataforma Salvemos Lancia. Un colectivo que agrupa a centenares de leoneses y asociaciones defensoras del Patrimonio y que la víspera de reunirse la Comisión Territorial de Patrimonio pedía a sus integrantes que no autorizaran las obras de la autovía que supongan la destrucción de cualquier parte del yacimiento arqueológico.
Retrasos en la autovía. Tal y como establece la ley, el promotor de la autovía (el Ministerio de Fomento) está obligado a proteger los restos aparecidos en Lancia hasta que haya un dictamen definitivo. Entre el retraso en la presentación del informe de los técnicos, la baja del arqueólogo territorial y el desacuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio, que obliga a elevar el asunto a una instancia superior, las obras en este tramo con seguridad acumularán un retraso de seis meses; y eso sin contar que finalmente se decida no enterrar los restos y, como consecuencia, haya que cambiar el trazado de la futura autovía León-Valladolid.
La Comisión -˜Regional-™ de Patrimonio se reúne como mínimo una vez al trimestre; es decir, tiene de plazo hasta marzo para dictaminar si los restos de Lancia se conservan o se tapan. Hasta entonces la obra estará parada en este tramo.
Tampoco sería la primera vez que una decisión de Patrimonio obliga a desviar el trazado de una carretera. Algunos colectivos defensores del yacimiento han propuesto varias soluciones, como el desvío o un paso elevado. El informe presentado por los arqueólogos de la empresa encargada de excavar el área de Lancia afectada por la A-60 avalaba la construcción de esta autovía tal y como está planificada, sin desviarla ni un milímetro. El informe aconsejaba documentar los restos arqueológicos aparecidos, cubrirlos con arena y una malla geotextil para evitar su destrucción y expolio, y posteriormente con un árido especial sobre el cual irá el firme de la autovía.
Los hallazgos. Salvemos Lancia recuerda que Lancia está declarado BIC y que la zona afectada por la autovía entra en su ámbito de protección. Asismismo apela al Código Penal, que prevé penas para quienes causen daños en un yacimiento arqueológico, así como para la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la alteración de Bienes de Interés Cultural.
La excavación realizada este verano sacó a la luz alrededor de 200 tumbas, parte de una calzada (posiblemente la vía que unía Legio VII con Caesaraugusta), un horno circular del año 377 y una gran construcción romana que bien podrían ser unas termas.
Resulta curioso que el informe de los técnicos, que ocupa cuatro volúmenes, por la ingente cantidad de restos encontrados, concluya argumentando que «las características netamente suburbanas del yacimiento y de escasa monumentalidad» aconsejan tapar los restos. Esta tesis parece contradecir a los propios redactores del informe, que también argumentan que enterrando los restos «se consigue su protección y se evita de paso el expolio al que el yacimiento está siendo víctima desde tiempo inmemorial». La pregunta es inevitable: ¿por qué alguien robaría algo que carece de valor?
Quizá la incoherencia de algunos argumentos del informe decidió a Grau y Celis a votar en contra.
Publicado el día 23 de diciembre de 2010.
Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=573362
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